Senado aprueba aplazar hasta 2028 normas penales para empresas
La Cámara Alta aprobó un proyecto que concede dos años adicionales para aplicar cuatro artículos del Código Penal relacionados con las personas jurídicas. La iniciativa pasa ahora a Diputados.
Santo Domingo, República Dominicana. El Senado de la República aprobó este miércoles 21 de octubre, en dos lecturas consecutivas y mediante un procedimiento de urgencia, un proyecto de ley que propone aplazar hasta noviembre de 2028 la aplicación de cuatro artículos del Código Penal dominicano relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La iniciativa fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y busca conceder un período adicional para que empresas y otras organizaciones puedan adaptar sus procedimientos internos a las nuevas disposiciones legales.
El proyecto modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2028.
¿Qué cambiaría con esta decisión?
La legislación vigente contempla que las disposiciones mencionadas entren en vigor el 5 de noviembre de 2026.
Con la modificación aprobada por los senadores, ese plazo se extendería dos años.
La propuesta está relacionada con las condiciones bajo las cuales las personas jurídicas pueden enfrentar responsabilidades penales.
Su alcance comprende empresas comerciales, asociaciones y otras organizaciones reconocidas legalmente.
No se aplaza todo el Código Penal
Una precisión fundamental es que el proyecto no suspende la aplicación general del nuevo Código Penal.
La modificación afecta exclusivamente cuatro artículos vinculados con las personas jurídicas.
Las demás disposiciones conservan su régimen de vigencia.
Esta distinción resulta importante para evitar interpretaciones equivocadas sobre el alcance de la decisión legislativa.
¿Por qué solicitan más tiempo?
Los promotores de la iniciativa consideran que las organizaciones necesitan un período razonable para adaptar sus mecanismos de prevención, administración y cumplimiento normativo.
El proceso puede resultar especialmente exigente para pequeñas empresas, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que disponen de recursos técnicos limitados.
La propuesta contempla facilitar la preparación institucional antes de exigir la aplicación de las nuevas disposiciones.
También aprobaron cambios para la justicia digital
Durante la misma sesión, los senadores aprobaron modificaciones a la Ley 339-22, relacionada con el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
La iniciativa busca ampliar herramientas como la firma electrónica cualificada, los documentos judiciales digitales y las audiencias virtuales.
Sin embargo, la propuesta excluye los procesos penales de las actuaciones jurisdiccionales virtuales contempladas en su artículo 14.
¿Qué sigue?
El proyecto sobre responsabilidad penal empresarial deberá ser conocido por la Cámara de Diputados.
Su aprobación en el Senado no significa que la prórroga ya sea una ley definitiva.
Para que produzca efectos jurídicos deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente.
Mientras tanto, permanece vigente el calendario establecido en la legislación actual.
